Grupos de autodefensa en México, las comunidades se vuelven protagonistas

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Apenas comenzaba este año cuando alrededor de 800 hombres armados con escopetas y machetes llegaban al municipio de Ayutla de los Libres ,en la sierra de Guerrero, con el único objetivo de proteger a sus comunidades del acoso de grupos criminales que rondan por esa y otras zonas con absoluta impunidad, infundiendo miedo con asesinatos, secuestros y extorsiones. A pesar de que ese hecho ocurrió hace unos meses, el fenómeno no es nuevo. Desde hace 18 años, la falta de Estado de derecho y el abandono de autoridades federales, estatales y municipales han provocado el nacimiento de grupos de autodefensa que se han visto obligados a armarse, organizarse y protegerse a sí mismos de la violencia que azota al país.

Por David Ordaz

México D.F., MÉXICO// La Constitución de México en su artículo 2 garantiza que los pueblos indígenas tienen el derecho a decidir sus formas internas de convivencia, organización social, económica, política y cultural; a aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, y a elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno. Sin embargo, el artículo 17 también establece que “ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”.

Hoy, una tercera parte del país tiene, en menor o mayor medida, grupos de autodefensa en los estados de Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz.

En total son 11 estados de 32 los que a través de estos grupos se han cansado de la falta de gobernabilidad en esas zonas, han hecho a un lado los discursos y promesas oficiales y han dispuesto tomar las armas, crear sus propias reglas y hacerlas respetar.

Hay lugares que destacan por el número de comunidades que rigen por estas estructuras y que ya cuentan con “policías” civiles, con el fin de frenar los actos de la delincuencia. Ejemplo de ellos son:

  • Chiapas: Bella Vista, La Grandeza, Motozintla, El Porvenir, Bejucal de Ocanpo, Mazapa de Madero, Escuintla, Frontera Comalapa, Chicomuselo y Acacoyagua.
  • Estado de México: Tejupilco, Zacualpan, Almoloya de Alquisiras, Luvianos, Tlatlaya y Amatepec.
  • Guerrero: Acapulco, Coyuca de Benítez, Tixtla, Ayutla de los Libres, El Potrero, Zacazonapa, Tecozintla, El Troncón, Acatempa y El Durazco.
  • Michoacán: Tepalcatepec, Urapicho y Cherán.
  • Oaxaca: Santos los Reyes Nopala.
  • Morelos: Tetelcingo y Tenextepango.

El estado de Guerrero es una de las regiones donde estos grupos han aumentado. Las agrupaciones de la zona se rigen por usos y costumbres; su policía hace lo que debiera hacer la autoridad y ya cuentan con cárceles donde reeducan a los delincuentes y, en sus propias palabras, han logrado reducir un 90% el índice delictivo en las 108 comunidades donde tienen presencia.

El febrero pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) manifestó su preocupación por el creciente desarrollo de esos grupos de autodefensa; advirtió sobre una “línea tenue” entre esas organizaciones y los grupos paramilitares y exigió a los tres niveles de Gobierno “cumplir” y garantizar la integridad física y patrimonial de los pueblos.

“Este organismo autónomo expresa su preocupación por la existencia de grupos armados con intereses distintos a la autoprotección, que quebranten la estabilidad de las instituciones, debido a que existe una línea muy tenue entre estas organizaciones de autodefensa y los grupos paramilitares”, dijo un comunicado oficial.

La CNDH subrayó que los grupos de autodefensa “son una advertencia que debe alertar a las autoridades para cumplir con su obligación de proveer seguridad pública, y evitar que estas acciones se reproduzcan” y rebasen a las instituciones del Estado mexicano.

La Comisión de Derechos Humanos advirtió también que el surgimiento de grupos de autodefensa “nos alejan del objetivo de recobrar la paz y la tranquilidad, en aquellos lugares en donde grupos criminales tienen presencia y actividad”.

Como era de esperar, los alcaldes que integran la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamm) rechazaron la presencia de grupos de autodefensa en sus regiones y exigieron a las autoridades federales y estatales atender las necesidades que están obligando a las comunidades a tomar medidas de autoprotección.

“Por supuesto que no aprobamos que pueda haber la justicia por propia mano en las diferentes realidades que tiene el país ante los embates del crimen organizado y de la delincuencia…Es importante atender estas realidades que están enfrentando los municipios, se requiere el apoyo de sus gobiernos estatales y de la República, es urgente institucionalizar en esos municipios las tareas de seguridad en cada una de estas demarcaciones; el tema de seguridad es una responsabilidad del Estado”, informó la Conamm.

En respuesta a lo dicho por los alcaldes, la Comisión de Justicia del Senado de la República decidió crear un grupo de trabajo encargado de analizar la situación legal de las comunidades, mientras que el líder de los diputados del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, fue más allá y dijo que si los gobernadores “no son capaces o suficientes para brindarles protección, seguridad y justicia” a sus comunidades “deberían de replantear el funcionamiento de su gobierno”.

Por su parte, el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, rechazó la actuación de grupos de autodefensa y dejó claro que la participación de los ciudadanos para recuperar la tranquilidad en sus comunidades sólo será bienvenida si está en el marco de la ley.

Días después, la propia Secretaría de Gobernación dio a conocer la detención de 34 personas en el municipio de Buenavista, Tomatlán, en el estado de Michoacán, los cuales fueron capturados en posesión de armas de alto poder y aseguraron que ese grupo de autodefensa había sido armado por el crimen organizado.

Muchos son los riesgos para estos grupos de autodefensa. Uno de los principales es precisamente la infiltración de grupos de la delincuencia organizada en sus filas. Basta recordar lo sucedido en los años 90 en Colombia, cuando surgieron las llamadas Autodefensas Unidas, que se convirtieron en un grupo paramilitar arropado por el narcotráfico.

Cabe recordar que con la llegada del nuevo gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó la firma de un acta llamada Pacto por México que habla de cinco grandes temas para cambiar al país. Entre ellos están los Acuerdos para la Seguridad y la Justicia, donde destacan acciones como focalizar a los municipios con más violencia del país, alinear los presupuestos para la prevención del delito, aplicar un esquema de Policías Estatales Coordinadas y la creación de una Gendarmería Nacional como un cuerpo de control territorial, entre otros.

Sin embargo, si los tres órdenes de gobierno no pueden cumplir con su primera obligación (brindar seguridad en la vida y bienes de la población), la congruencia debería llevarlos a renunciar y permitir que hombres y mujeres organizados y comprometidos con la seguridad llenen los espacios que las autoridades han olvidado.

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