México infiltrado

Por David Ordaz

 

Tomás Ángeles Dauahare es general de División en retiro, fue subsecretario de la Defensa Nacional y Presidente del Colegio Militrar, mientras que Roberto Dawe González es general Brigadier en activo y era Jefe de Estado Mayor adscrito a la 20 Zona Militar en Colima. En 2009 fue designado delegado de la PGR en Chihuahua y en 2010 comandante de guarnición militar en Sinaloa. Hoy están detenidos.

Días después otros dos generales, Ricardo Escorcia y Silvio Isidro Hernández también fueron detenidos por la Procuraduría de Justicia Militar, en cumplimiento de una orden de localización y presentación emitida por la SIEDO (PGR), todos por presuntos nexos con cárteles del narcotráfico.

Después de su detención, Guadalupe García, esposa de Roberto Dawe, explicó que su marido aún se encuentra en activo en la Secretaría de la Defensa Nacional, demandó el apoyo de esa dependencia y aseguró que son falsas las imputaciones que dos testigos protegidos rindieron contra su marido y el ex subsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles.

“Yo quiero que estén aquí presentes, la gente de la Secretaría (Sedena) para que los apoye, porque la verdad los dejaron solos. Yo no sé si haya consigna del Gobierno de la República, línea del Estado Mayor Presidencial, yo no sé qué vaya a pasar”, dijo.

Pero ¿quiénes son Tomás Ángeles y Roberto Dawe?

Tomás Ángeles Dauahare es el militar de mayor rango en el Ejército que ha sido detenido para investigarlo por presuntos vínculos con organizaciones criminales. En 2006 su nombre fue considerado para encabezar la Secretaría de la Defensa y en el sexenio de Ernesto Zedillo, fue director del Colegio Militar y secretario particular del entonces secretario de la Defensa, el general Enrique Cervantes Aguirre.

Entre diciembre de 2006 y marzo de 2008 ocupó el cargo de subsecretario de la Defensa Nacional, es decir, el número 2 del Ejército mexicano.

Su estirpe militar viene en línea directa del general de la Revolución Felipe Ángeles, brazo derecho de Francisco Villa.

Pero versiones de inteligencia militar señalan que algo pasó con el general Ángeles y comenzó a filtrar información a medios de comunicación en contra del Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por lo que la Sedena inició la recuperación de viejas líneas de investigación donde lo vinculaban presuntamente a la delincuencia organizada, y comenzaron a armar un expediente que terminó con su detención el 15 de mayo pasado.

¿Narcomilitares?

El arresto del general Ángeles Dauahare ocurrió luego de ser señalado por 12 testigos protegidos que afirman que recibió dinero de Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, lugarteniente en el cártel de los Beltrán Leyva, y quien fue detenido en agosto del 2010.

Varios militares y funcionarios de la PGR son investigados desde el 2008, cuando reportes periodísticos publicaban que capos del narcotráfico del cártel de Sinaloa y de los Beltrán Leyva habían infiltrado las más altas esferas del gobierno mexicano.

Además, reportes de inteligencia militar apuntan a la existencia de fotografías de los acusados con los narcotraficantes y que fueron proporcionadas por EU, donde aparecen reunidos, Arturo y Héctor Beltrán Leyva con cinco oficiales de alto rango del Ejército y la Armada; uno de ellos sería el general Ángeles.

Cabe recordar que como parte de la “Operación Limpieza”, en octubre del 2008 fueron sentenciados a 29 años de prisión cuatro ex-oficiales del Ejército tras ser encontrados culpables de colaborar con los cárteles del narcotráfico.

Pero aparte de los cuatro militares detenidos, también fue capturado Noé Ramírez Mandujano, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la PGR, a quien se le comprobó que recibía pagos mensuales de entre 150,000 y 450,000 dólares por filtrar información.

En total, en la llamada “Operación Limpieza” fueron arrestados 25 altos funcionarios y agentes de diversas dependencias, informó la PGR.

Este duro golpe a la Institución más reconocida en el país por nexos contra el narcotráfico tiene antecedentes de las fuerzas militares.

En 2010, el General Juan Manuel Barragán fue detenido por presuntos nexos con el narcotráfico, mientras que el General Manuel Moreno Aviña y otros 29 soldados fueron acusados de asesinato, tortura y tráfico de drogas en el estado de Chihuahua.

El caso emblemático es el del general Mario Arturo Acosta Chaparro, detenido por presuntos nexos con el narco en agosto del 2000, y sentenciado a 15 años de prisión por proteger al cártel de Juárez pero que por fallas de procedimiento salió en libertad en 2008 y hace apenas dos meses fue ejecutado en la Ciudad de México.

Otros casos fueron los de los generales, Francisco Quirós Hermosillo, acusado en el 2000 de colaborar con el cártel de Juárez, hallado culpable y sentenciado a 16 años de prisión en 2002 y el General Jesús Gutiérrez Rebollo, jefe del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas en 1997, fue arrestado y sentenciado a 71 años de prisión por recibir dinero del cártel de Juárez.

II Parte

 

Testigos protegidos

En la detención de los militares y de otros funcionarios hay un nombre clave para el escándalo que envuelve a la Secretaría de la Defensa y la lucha contra la delincuencia organizada que encabeza el Presidente Felipe Calderón, el Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y los militares, Guillermo Galván y Francisco Saynez de la Armada de México.

Roberto López Nájera, “Jennifer”, es el principal testigo protegido con el que cuenta la PGR y, quien no solo ha proporcionado información para ubicar a los líderes del cártel de los Beltrán Leyva, sino también al mayor Arturo González Rodríguez, acusado de recibir 100 mil dólares mensuales por brindar información de las secciones de Inteligencia y Planeación de la Sedena y de la Presidencia de la República.

Se ha comprobado que “Jennifer” trabajaba para Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, y tras ser detenido, hoy es el testigo clave y principal acusador de los generales Tomás Ángeles y Roberto Dawe.

Otras aportaciones que ha hecho “Jennifer” se convirtieron en las capturas del ex subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Noé Ramírez Mandujano y de Fernando Rivera Hernández, director general adjunto de inteligencia de la SIEDO.

Después de conversar con su esposo Roberto Dawe, Guadalupe García, aseguró que éste tiene conocimiento que sus acusaciones provienen de “Jennifer” y manifestó su enojo por las imputaciones que ha hecho en su contra el testigo protegido de la PGR.

Desde 2009, el gobierno de Estados Unidos advirtió a México que “áreas significativas” del aparato militar mexicano estaban infiltradas por los cárteles del narcotráfico, situación que ponía en riesgo la lucha contra el crimen organizado y que evidenciaba la incapacidad de la Sedena, para detectar y capturar, incluso a personajes cercanos al primer círculo de la Presidencia.

En total, el Ejército ha juzgado a 17 militares detenidos por delitos contra la salud en lo que va del sexenio y donde los más altos mandos sentenciados eran tenientes, nunca generales como ocurre con Ángeles y Dawe.

Cuatro ex oficiales del Ejército fueron encontrados culpables de informar al cártel de Sinaloa sobre operativos que se realizarían en su contra para que pudieran evadirlos.

Los infiltrados

Joaquín “El Chapo” Guzmán

El 12 de febrero de este año, un reporte de inteligencia de la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos (DEA), informaba a autoridades mexicanas que Joaquín “El Chapo” Guzmán estaba en una residencia ubicada en Punta Ballena, Baja California Sur y hasta donde lo vieron llegar, acompañado de una mujer y su chofer.

Autoridades estadounidenses dieron aviso a la Policía Federal de Genaro García Luna sin obtener alguna respuesta, por lo que se acercaron a la Marina Armada de México con el mismo resultado. Cuando la Policía Federal atendió el reporte, el narcotraficante ya se había fugado.

El capo estaba en una residencia que se encuentra a pocos kilómetros donde se hospedaba la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, quien acudió para supervisar la organización de la reunión del G-20.

La alerta para capturar al delincuente más buscado de México se convirtió en alerta para el capo para poder fugarse a través de un método por demás obvio, una advertencia pública y escandalosa.

La Policía Federal armó un operativo espectacular con helicópteros y unidades blindadas pero lo hizo en un domicilio equivocado; situación que el “El Chapo” aprovechó para huir rumbo a Tijuana.

Dos días después del operativo inicial, el grupo de federales entró a la residencia correcta y detuvo a cuatro personas, un jardinero, la cocinera, el chofer y una mujer que lo acompañaba y que a decir de las autoridades mexicanas, era una prostituta que en esos días tuvo su periodo menstrual, razón por la cual el narcotraficante no se quedó más días con ella y se fue.

Un mes después, el Subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), José Cuitláhuac Salinas, comentó en una entrevista que “estuvieron a punto de detener al Chapo Guzmán” y dos días después, el secretario de gobernación, Alejandro Poiré comentó: “sabemos que estuvo ahí”.

 

El Azul

En junio de 2008, el periodista Juan Veledíaz publicó la crónica de un encuentro entre Juan José Esparragoza “El Azul” y un alto personaje del gobierno en un restaurante de Polanco en 1995.

Hasta donde se sabe, el grupo de seguridad del narcotraficante alertó a su patrón sobre el arribo de personal de la PGR al lugar donde se disponía a comer y tras el aviso, éste salió apresuradamente tropezando con el recién nombrado procurador, Antonio Lozano Gracia.

“ -Oiga, discúlpeme- le pidió Esparragoza a aquel hombre que vestía traje y aguardaba en el acceso. —No hay cuidado, no se preocupe— le contestó. – Que tenga buen provecho-, y se retiró”.

A los pocos minutos de esa disculpa, Lozano Gracia fue informado que debía retirarse, pues sus escoltas de Guardias Presidenciales habían detectado hombres armados en los alrededores. El procurador se levantó de su mesa y se retiró del lugar.

Al escuchar la descripción del sujeto, el procurador se percató que aquel hombre con quien tropezó y le ofreció una disculpa se trataba de Juan José Esparragoza “El Azul”, en ese tiempo segundo al mando del Cártel de Juárez, solo por debajo de Amado Carrillo Fuentes.

 

El Jefe de Jefes

En la edición 1802 de la revista Proceso se da a conocer que en octubre de 2008, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue interceptado en la carretera de Tepoztlán, Morelos, por un gran número de sicarios que viajaban en vehículos blindados y donde el funcionario recibió un mensaje de Arturo Beltrán Leyva, “El Jefe de Jefes”.

Los escoltas de García Luna fueron despojados de sus armas por órdenes “del alto capo de las drogas” y permanecieron con los ojos vendados durante “aproximadamente cuatro horas”.

El informe en que se basó la revista refiere que los agentes que conocieron el hecho, confirmaron la voz “del alto capo” que le dijo a García Luna: “Este es el primero y último aviso para que sepas que sí podemos llegar a ti, si no cumples con lo pactado”.

Corrupción vs Presupuesto

En su gestión como Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero dijo en Washington que el costo de la lucha contra la delincuencia organizada sumaba más de 200 mil millones de pesos, siendo el Ejército y la Policía Federal las dependencias con mayor aportación.

Lamentablemente los sueldos de policías y militares no son comparables con las cifras que ofrecen los narcotraficantes a aquellos que dan información de operativos y logística para no ser capturados.

De las cuatro dependencias que concentran la lucha contra el narcotráfico (Sedena, Semar, SSP y PGR), su presupuesto en conjunto se ha visto incrementado en casi 60% en la presente administración, destacando el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna a quien se le ha incrementado un 140 por ciento. Aun así, el presupuesto no ha basta para que el narco se infiltre en los altos mandos militares y policiales.

SEDENA: 32,200 mdp (2007), 34,861 mdp (2008) y 43,623 mdp (2009).
SEMAR: 10,951 mdp (2007), 13,382 mdp (2008) y 16,059 mdp (2009).

SSP: 13,664 mdp (2007), 19,711 mdp (2008) y 32,916 mdp (2009).

PGR: 9,216 mdp (2007), 9,307 mdp (2008) y 12,309 mdp (2009).

III Parte

 

Saldos al final del sexenio

Especialistas han podido identificar factores que contribuyen al crecimiento de la delincuencia organizada; y estos tienen que ver con temas políticos, sociales y económicos; este último impulsado por mercados que han disminuido las barreras y permiten  que grupos delincuenciales trafiquen drogas, personas, armas, y lo hagan de manera más fácil que hace 40 años.

Hoy en México el crimen organizado se dedica a 22 tipos de delitos: narcotráfico, secuestro, extorsión, tráfico de migrantes, piratería, contrabando; etc…, delitos que generan un gran flujo patrimonial para estos grupos criminales que ya se han infiltrado en 52 países del mundo.

Pero la estrategia e infiltración de estos grupos van más allá, pues su presencia en países como España o Alemania tiene una razón específica.

Para que los cárteles del narcotráfico complementen su círculo criminal, no solo se dedican a esos 22 tipos de delitos, sino también busca en otros países la compra de políticos y empresarios para que puedan colocar su dinero y su patrimonio.

Con el fin de esconder ese patrimonio, la delincuencia organizada busca en el Estado de derecho que jueces imparciales mantengan seguros sus activos.

A estos grupos no se les toca la condición patrimonial y sus empresas constituidas formalmente han infiltrado también sectores económicos como el de la construcción, agropecuario, minero, entre otros.

Pero en México las autoridades están aplicando una estrategia incorrecta y enfrentan al crimen organizado, enviando soldados y policías a la calles que son corrompidos o asesinados.

A esa fallida estrategia se suma la mala aplicación del Poder Judicial, pues, del 99% de las detenciones de los delincuentes no terminan en sentencia.

Soluciones a medias

Algunas versiones han criticado que la estrategia del gobierno es apostar a la consolidación de un solo cártel criminal en el país, pero esto difícilmente ocurrirá, pues actualmente hay muchos grupos nacionales y extranjeros que compiten entre si.

Para algunos sectores, una de las posibles soluciones a la lucha contra la delincuencia organizada es la legalización de las drogas pero esto se ve complicado por la diversificación de la violencia.

La prevención en lo social, además de involucrar a las dependencias de seguridad, también debe considerar a Secretarías como Salud, Trabajo, Desarrollo Social, Educación y Economía.

La Convención de Palermo

En diciembre del año 2000, varios países involucrados en esta problemática estuvieron presentes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, conocida como la Convención de Palermo, en la cual se desarrollaron cuatro medidas para contener a los grupos criminales.

La primera medida comprende la aplicación de sanciones judiciales en un Estado de derecho, donde se respeten los derechos humanos de las víctimas y a los imputados. Esta medida resulta vital dado que es donde la autoridad se gana el respeto de la sociedad, ésta la considera como legítima y comienza a colaborar con material probatorio con el cual los fiscales puedes fundamentar mejor sus acusaciones.

El segundo pilar es el de la prevención social. Hay factores ligados a escolaridad, a adicción, a disfuncionalidad familiar, en los cuales el Estado y la sociedad civil tienen que formar alianzas y redes para enfrentar estos temas y ligarlos a la salud, educación, ausencia de oportunidades de vida y otros factores.

El tercer factor es el de corrupción política. Los partidos políticos deben autolimitarse y deshacerse de la cloaca de corrupción política que invade a todos los grupos. La protección política es fundamental para que el narcotráfico crezca hacia adentro y hacia afuera.

El cuarto pilar es el desmantelamiento patrimonial de los grupos criminales en el sector formal de la economía. En México no hay estrategias para desmantelar los patrimonios de estos grupos: las flotillas de transporte con las que la delincuencia organizada transporta seres humanos, drogas, armas y piratería hay que identificarlas y desmantelarlas.

Transición política; rumbo al 1 de julio

La complejidad del fenómeno de la violencia en México vive un periodo de transición ya que la delincuencia organizada ha crecido debido a la gestión del Estado donde existía un partido único y en muchas décadas utilizó a la delincuencia para sus intereses.

En la época del PRI, ese partido único de Estado gestionó a la delincuencia organizada en las figuras de Miguel Ángel Félix Gallardo o Amado Carrillo, capos del narcotráfico que durante mucho tiempo controlaron a los grupos criminales que hoy están compitiendo.

Al tiempo que los partidos políticos compiten por gubernaturas y alcaldías, los grupos criminales también lo hacen para controlar regiones que servirán para el trasiego de drogas.

En opiniones del especialista Edgardo Buscaglia, información de inteligencia militar mexicana sostiene que el 65% de las campañas electorales en México están siendo penetradas por grupos criminales, parcial o totalmente, por lo que el problema no solo es de violencia, sino para el desarrollo democrático, ya que son las mafias ejerciendo presión en los resultados electorales.

La competencia electoral que se vive actualmente en el país se ve afectada por los grupos criminales que ante la falta de presupuesto y el robo abierto de funcionarios que se hacen millonarios durante su gestión, estos financian campañas electorales a través de mecanismos formales y con ellos también gestionan los procesos políticos.

El pasado 9 de mayo, el general Ángeles Dauahare estuvo en San Luis Potosí donde participó en una mesa sobre Seguridad Nacional, dentro de los Encuentros por el Futuro de México,  convocados por la Fundación Colosio del PRI, los cuales sirven para generar propuestas de gobierno para el candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto.

En el foro, el general Ángeles (que también veía por la seguridad y logística del candidato priísta), discutió el tema Diagnóstico de Futuro por la Seguridad y la Justicia.

Tras su detención, la Procuraduría General de la República (PGR) negó que las investigaciones por narcotráfico contra los generales Ángeles y Dawe estén relacionadas con la contienda electoral.

Lo sorprendente del escueto comunicado de la PGR es porque consideró importante negar alguna relación con el proceso electoral.

Es claro que las propias instituciones se han encargado de levantar sospechas y el grado de infiltración del narcotráfico y la delincuencia organizada está más latente que en cualquier época de nuestra historia.

Twitter: @david_ordaz

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